Las protestas que se registran en Irán desde finales de diciembre han dejado al menos 2.003 personas muertas, de acuerdo con un funcionario iraní que habló bajo condición de anonimato con la agencia Reuters. Se trata de la primera cifra oficial reconocida por autoridades del país desde el inicio de los disturbios. De manera paralela, la organización Human Rights Activists in Iran (HRANA), con sede en Estados Unidos, reporta el mismo número total de fallecidos.
Según HRANA, 1.850 de las víctimas eran manifestantes, mientras que 135 pertenecían a cuerpos de seguridad. La ONG también documentó la muerte de al menos nueve menores de edad, así como de otras nueve personas que no eran ni manifestantes ni agentes estatales. La organización indicó que continúa verificando casos adicionales, por lo que la cifra podría aumentar.
La fuente gubernamental citada por Reuters atribuyó las muertes a la acción de “terroristas”, reforzando la narrativa oficial que responsabiliza a Estados Unidos e Israel de intervenir en las movilizaciones a través de grupos armados. Las autoridades iraníes sostienen que estas acciones buscan provocar una escalada de violencia que justifique una ofensiva internacional contra el país.
En contraste, organismos internacionales han expresado alarma por la magnitud de la represión. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la situación como un “ciclo de violencia atroz” y exigió que se escuchen las demandas del pueblo iraní en materia de equidad, igualdad y justicia. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el uso excesivo de la fuerza y anunció que la Unión Europea evalúa nuevas sanciones contra responsables de la represión.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en el Bazar de Teherán, tras el cierre de comercios en rechazo a la depreciación del rial y al deterioro de las condiciones de vida. En pocos días, las manifestaciones se extendieron a las 31 provincias del país, transformándose en un movimiento nacional que exige libertades políticas y un cambio de régimen.
Como en episodios anteriores, el Gobierno respondió con cortes de internet, medida que se ha mantenido durante varios días y durante la cual se concentró la mayor parte de las muertes. Organizaciones de derechos humanos advierten que el discurso oficial, que equipara a los manifestantes con terroristas, podría derivar en juicios sumarios y un aumento en el uso de la pena de muerte.
Con información de El País
