El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vivió este viernes una de las jornadas más tensas desde que dejó el poder, al recibir en su casa de Brasilia la visita de la Policía Federal. Los agentes acudieron con una orden judicial para colocarle una tobillera electrónica, medida cautelar derivada del creciente riesgo de fuga identificado por el Tribunal Supremo Federal. Bolsonaro enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juicio que podría derivar en una condena de más de 40 años de prisión.
La acción policial se produjo apenas un día después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicara una carta exigiendo el fin inmediato del juicio contra su aliado brasileño. La tensión diplomática aumentó ante la sospecha de que Bolsonaro podría intentar pedir asilo en una embajada extranjera —como la de Estados Unidos— algo que, según medios brasileños, se había discutido con anterioridad.
Tras colocarse la tobillera en una comisaría, Bolsonaro se dirigió a los medios calificando la medida como una “humillación” y asegurando que nunca ha considerado abandonar Brasil o refugiarse en una embajada. Sin embargo, admitió que tiene planeado reunirse con diplomáticos en los próximos días, lo que ahora tiene prohibido por las medidas cautelares impuestas.
Estas restricciones también le impiden usar redes sociales, acercarse a embajadas o comunicarse con su hijo Eduardo Bolsonaro, quien también está siendo investigado y ha liderado la ofensiva mediática en su defensa desde Estados Unidos. Además, debe permanecer en su domicilio de 7 p.m. a 7 a.m. bajo monitoreo constante.
Desde el inicio de 2024, Bolsonaro ha visto limitada su movilidad luego de que las autoridades le confiscaran el pasaporte. Ahora, con la tobillera electrónica, la vigilancia sobre él se intensifica. La Justicia brasileña considera que existen pruebas de obstrucción a la justicia, coacción e incluso atentados contra la soberanía nacional, cargos que podrían sumar 20 años de prisión adicionales.
El juez Alexandre de Moraes, quien instruye el caso, señaló en su resolución que tanto Bolsonaro como su hijo han incurrido en “confesiones flagrantes” de actos ilícitos. La declaración de Bolsonaro sobre el vínculo entre su posible amnistía y el fin de aranceles por parte de EE.UU. fue tomada como prueba de presión política a las instituciones brasileñas. Además, se reveló que transfirió más de 360,000 dólares a su hijo en EE.UU., lo que podría constituir parte de una operación para socavar al Estado brasileño.
La sospecha de fuga cobró aún más fuerza luego de que la diputada aliada de Bolsonaro, Carla Zambelli, recientemente condenada a 10 años de prisión, huyera a Italia, donde permanece prófuga. El propio Bolsonaro ya había buscado refugio anteriormente: en 2023 pasó un par de noches en la embajada de Hungría.
En el allanamiento de su vivienda, la policía halló 14,000 dólares, 8,000 reales en efectivo, un pendrive escondido en el baño y una copia de la demanda que la plataforma Rumble presentó en EE.UU. contra el juez Moraes. Esa querella alega censura por parte del magistrado e intenta impedir que sus órdenes tengan validez legal fuera de Brasil.
Con información de Excelsior
MIAV
