El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la investigación iniciada hace cinco años sobre los videos en los que se observa a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo paquetes de dinero. Tras el análisis de la información disponible, la autoridad electoral determinó que no se pudo acreditar ninguna irregularidad relacionada con los hechos denunciados.
Los videos, difundidos en agosto de 2020 por Latinus, mostraban a Pío López Obrador recibiendo dinero de David Eduardo León Romero, entonces Coordinador Nacional de Protección Civil. En su momento, se señaló que dichos recursos podían estar vinculados con actividades político-electorales de Morena. Sin embargo, después de diversas diligencias, el INE concluyó que no existen pruebas suficientes para sostener esa acusación.
La consejera Carla Humphrey explicó que, tras solicitar información a distintas instancias, no se encontró evidencia que transformara los indicios en certezas. “No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita identificar el origen, monto, destino o carácter partidista del efectivo observado”, puntualizó.
Humphrey subrayó además la necesidad de fortalecer las herramientas de fiscalización y de que todas las instituciones cooperen plenamente con la autoridad electoral para esclarecer este tipo de casos. La falta de acceso a ciertos archivos, dijo, fue uno de los principales obstáculos para la investigación.
En la misma sesión, el consejero Jaime Rivera recordó que desde octubre de 2022 la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había determinado no ejercer acción penal en este asunto. De esa forma, la conclusión del INE se suma a las resoluciones previas que desestimaron responsabilidades legales.
Por su parte, el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, consideró que el caso fue magnificado con fines políticos. Lo calificó como un montaje mediático que, según él, no encontró sustento jurídico tras años de revisión.
La investigación, detalló Humphrey, incluyó solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas y empresas vinculadas en los videos. A pesar de ese esfuerzo, ninguna de las respuestas permitió acreditar transferencias irregulares o financiamiento ilícito.
Con este cierre, el INE concluye formalmente el expediente, destacando que el caso evidencia la urgencia de contar con mayores facultades de fiscalización y con la cooperación plena de las instituciones en la entrega de información.
Con información Aristegui Noticias
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