La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, presentó este jueves 27 de agosto la iniciativa de reforma constitucional anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los requisitos de quienes aspiren a la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta plantea que quienes busquen alguno de estos cargos sean únicamente mexicanos y que, en caso de contar con una segunda nacionalidad, renuncien a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
Durante la conferencia matutina, se explicó que actualmente la Constitución no establece de manera expresa que una persona deba renunciar a otra nacionalidad antes de postularse para estos cargos. Por ello, la iniciativa busca establecer esta condición como parte de los requisitos constitucionales.
El proyecto contempla que únicamente puedan competir por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno quienes sean mexicanos por nacimiento y no tengan ni adquieran otra nacionalidad.
Además, para quienes aspiren a la Presidencia se plantea un requisito de residencia de al menos 20 años en México. La iniciativa también establece que, una vez que una persona asuma alguno de estos cargos, no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar protección diplomática de otro país.
En caso de incumplir estas disposiciones, el proyecto contempla sanciones constitucionales conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución.
La propuesta también plantea modificar posteriormente la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona deberá formalizar la renuncia a una segunda nacionalidad. En este proceso participarían el Instituto Nacional Electoral y las autoridades mexicanas y extranjeras correspondientes.
De acuerdo con el planteamiento presentado por el gobierno federal, la reforma busca establecer reglas sobre la nacionalidad de quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país y priorizar el interés nacional en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá ser analizada y, en su caso, aprobada conforme al procedimiento establecido para las reformas constitucionales.
Con información de Infobae
