El Tribunal Constitucional de Corea del Sur determinó este viernes 4 de abril, de forma unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, debido a su polémica declaración de estado de emergencia, lo que obligará al país a llevar a cabo elecciones anticipadas en un período máximo de 60 días.
La decisión fue aprobada por los ocho jueces del más alto tribunal de Corea del Sur. Para que la destitución fuera confirmada, era necesario el apoyo de al menos seis de los ocho magistrados que integran el tribunal. Yoon había estado apartado de su cargo durante más de 100 días, después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para destituirlo tras su anuncio sobre el estado de emergencia el 3 de diciembre.
La orden de estado de emergencia de Yoon, que implicó el despliegue de fuerza militar y policial en la Asamblea Nacional, generó recuerdos dolorosos de gobiernos militares pasados entre muchos ciudadanos surcoreanos. Esta declaración solo duró seis horas, ya que una cantidad suficiente de legisladores pudieron ingresar al recinto y anularla por unanimidad.
Poco después, Yoon afirmó que su decisión tenía como finalidad informar al público sobre la amenaza que representaba el Partido Demócrata, que había socavado su agenda y destituido a funcionarios de alto rango, y que desplegó fuerzas en la Asamblea Nacional únicamente para mantener el orden. Sin embargo, algunos altos mandos militares y policiales involucrados en la operación testificaron ante el Tribunal Constitucional que el presidente les había instruido a sacar a los legisladores para impedir la votación sobre su declaración o arrestar a los políticos.
Yoon se convirtió en el primer presidente en Corea del Sur en ser arrestado mientras ejercía su cargo. La legislación surcoreana brinda inmunidad al presidente frente a la mayoría de los procesos penales, excepto en situaciones graves como rebelión o traición.
El 7 de marzo pasado, un tribunal surcoreano dispuso la liberación del ex presidente, lo que le permitirá asistir a su juicio por cargos de rebelión sin estar bajo arresto.
Con información de El Financiero
MIAV