La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga a Nancy “N”, presidenta municipal de Tenancingo, por su presunta participación en la simulación de un secuestro con el que habría intentado justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del municipio.
De acuerdo con las autoridades, la alcaldesa tiene programada una audiencia de formulación de imputación para el próximo 9 de julio. En el caso también estarían involucrados su esposo, José Roberto “N”, y su hermano, Óscar “N”, quienes permanecen prófugos.
La Fiscalía informó que tres personas presuntamente relacionadas con el caso fueron detenidas en Oaxaca. Se trata de Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, señalados como posibles participantes en la planeación y ejecución del supuesto secuestro.
Según la versión inicial de Nancy “N”, los hechos ocurrieron el 31 de mayo, cuando se encontraba en un automóvil Jetta afuera de su domicilio en Tenancingo. La funcionaria declaró que un vehículo rojo llegó al lugar con dos hombres y una mujer, y que una persona armada la obligó a bajar de su unidad para trasladarla a la comunidad de San Pedro Zictepec, en Tenango del Valle.
Durante el trayecto, según su relato, le entregaron un teléfono celular para comunicarse con sus familiares y solicitar el pago de 40 millones de pesos. Sin embargo, las investigaciones señalan que esa cantidad correspondería al faltante detectado en el erario municipal.
Las indagatorias refieren que la alcaldesa y sus presuntos cómplices habrían decidido detener el plan al percatarse de la movilización policial para localizarla. Posteriormente, la habrían dejado en el paraje conocido como “El Capulín”, en Tenancingo, para simular que había escapado.
El 1 de junio, Nancy “N” acudió ante el Ministerio Público de la región sur del Estado de México para denunciar el supuesto secuestro. En su declaración afirmó que logró escapar y que sus captores pretendían asesinarla junto con integrantes de su familia.
No obstante, la Fiscalía mexiquense concluyó que la funcionaria habría participado en la planeación del hecho. Por ello, enfrenta señalamientos por el presunto delito de simulación de secuestro.
De acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, las personas particulares investigadas podrían recibir penas de hasta 16 años de prisión. En el caso de la alcaldesa, la sanción podría alcanzar hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Con información de El Financiero
