Catorce personas, entre ellas un vicealmirante de la Secretaría de Marina, un exjuez federal y varios empresarios, fueron detenidas tras un operativo federal vinculado al decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, realizado en marzo. Las autoridades señalaron que los arrestados formaban parte de una red dedicada al tráfico y traslado ilegal de hidrocarburos.
Entre los perfiles más destacados figura Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y sobrino político del exsecretario José Rafael Ojeda Durán. Farías Laguna alcanzó en menos de dos años el segundo rango jerárquico más importante dentro de la estructura naval y comandó la Décima Segunda Zona Naval en Jalisco. Las investigaciones lo señalan como el servidor público naval de más alto rango involucrado en este caso de huachicol fiscal.
Otra figura central es Anuar González Hemadi, exjuez federal destituido por corrupción, conocido por su implicación en el caso de pederastia “Los Porkys” en Veracruz. En 2017 autorizó un polémico amparo a favor de uno de los acusados, lo que provocó su destitución en 2019. Posteriormente, se integró como apoderado legal de Mefra Fletes, empresa clave en la logística del tráfico de hidrocarburos.
El grupo también incluye operadores financieros y administradores estratégicos. Entre ellos se encuentran Héctor Manuel N., José N. y Francisco Javier N., quienes conformaron la estructura empresarial que facilitó el trasiego de combustible. Completan la lista diversas personas cuyas identidades y roles dentro de la red aún se investigan.
El modus operandi de la red combinaba la introducción de hidrocarburos mediante buques, transporte en pipas de empresas fachada y el blanqueo de ganancias a través de sociedades y contratos con entes públicos y privados. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos inusuales de efectivo, compra de vehículos de lujo y bienes raíces, así como seguros con primas fuera del perfil de los implicados.
Se destacó la participación de Mefra Fletes, que incluso proveyó diésel para obras federales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y de empresarios vinculados al Cártel del Golfo. Las autoridades aseguraron que las propiedades y registros decomisados están sujetos a extinción de dominio y que habrá nuevas órdenes de aprehensión a medida que avance la investigación, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
El operativo se derivó de denuncias presentadas por el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, cuya colaboración fue clave para identificar a funcionarios y particulares implicados. Las autoridades enfatizaron que la disposición del exsecretario permitió que las investigaciones avanzaran sin protección a familiares o subordinados, contribuyendo a desarticular la red de huachicol fiscal.
Con información de infobae
bvp
