Para este punto es probable que ya haya leído varios textos analizando si la cumbre del clima COP28, celebrada en Dubái y concluida el 13 de diciembre, logró un acuerdo histórico o no. Y es que frente al enorme reto que implica enfrentar el cambio climático, es posible que cada una de las decisiones que salgan de las Naciones Unides tengan un tinte amargo. A la final, en estas cumbres, los países negocian: se conforman, ganan o pierden. Una sola cumbre, también vale la pena decir, no es suficiente para pactarlo todo.
Frente a lo acordado en Dubái, estos son algunos retos y deudas que dejó la COP28 para América Latina:
El reto: dejar atrás los combustibles fósiles
La COP28 fue una cumbre sobre combustibles fósiles. No solo porque se hizo en un país petrolero o porque su presidente, el sultán Al Jaber, es director de la petrolera estatal, sino porque desde el principio hubo mucha presión para que la decisión final apuntara explícitamente a la salida de los combustibles fósiles (es decir, el petróleo, el carbón y el gas). El apellido que debía acompañar esta mención – eliminarlos o reducirlos gradualmente – fue considerado el punto álgido de el debate. Y aunque en el documento final no se usó ninguno de los dos anteriores, sino que se eligió utilizar términos como “transitar para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”, lo cierto es que sí se trata de una señal para América Latina.
Ante esto, la región tiene algunas ventajas. Una clave, por ejemplo, es que los combustibles fósiles solo representan el 66% de los sistemas energéticos, una cifra por debajo del 80% de lo que significan para el promedio mundial, según el informe Latin America Energy Outlook 2023 de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Pero así no sea gran consumidor, América Latina sí depende económicamente de este sector. El mismo informe señala que en la región la producción de petróleo y gas aumentó un 5% en 2022, y países como Colombia siguen apareciendo en el mapa como el quinto exportador de carbón en el mundo.
Además, la intención, hasta el momento, sigue siendo impulsar estos sectores. México y Brasil, por ejemplo, les han puesto nuevos motores a sus empresas petroleras, Pemex y Petrobras, respectivamente. El último incluso planea aumentar la producción de petróleo y gas en un 124% para 2032, y a través de su Ministerio de Minas y Energía, ha anunciado que busca transformar a Brasil en el cuatro productor mundial de este combustible fósil.
Y aunque países como Colombia, en su discurso, han hablado de decirle adiós al petróleo, gas y carbón, uniéndose durante la COP28 al llamado de no proliferación de combustibles fósiles, aún hay señales confusas. “En la página de inscripción de proyectos energéticos del país, hay tres proyectos termoeléctricos de gas vigentes, cuya fecha de operación entraría a ser entre 2025-2026″, anota José Antonio Vega, del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI) y coautor del informe sobre la brecha de la producción de los combustibles fósiles.
De hecho, que Colombia y Brasil hablen aún de impulsar el gas abre una nueva pregunta sobre si existió una especie de “trampa” frente a lo acordado en la COP28, ya que la decisión final también reconoce el papel “de los combustibles de transición”. Se trata, como lo señaló María Laura Rojas, directora ejecutiva de Transforma, en un panel que se hizo tras la COP28, “de una mención al gas sin decirlo”. Y eso, a su juicio, les quita ambición a las decisiones. Es más, un día después de unirse al llamado de no proliferación de combustibles fósiles, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que Ecopetrol, la empresa estatal petrolera, impulsaría el gas como energía clave para la transición del país.
La oportunidad: triplicar energías renovables a 2030
Uno de los acuerdos más aplaudidos y menos tormentosos de la COP28 fue el de triplicar las energías renovables de 2030: una decisión en la que, de nuevo, América Latina parte con varias ventajas. Según el informe de la AIE, con las políticas actuales, las renovables pasarán a representar el 66% de la matriz energética en 2030 y hasta 80% para 2050. Pero si se cumple con las promesas climáticas anunciadas por los países, el aumento sería de 70% para 2030 y 90% para 2050.
Otros informes, como el publicado este año por Global Energy Monitor (GEM), han indicado que, si se suman los proyectos que ya han sido anunciados por las empresas, los que están en etapa previa a la construcción o efectivamente están siendo construidos, la capacidad eólica y solar a gran escala de la región aumentará en más del 460% para 2030. “La región es la segunda, a nivel global, con más gigavatios renovables anunciados solo por debajo de China”, es el panorama que describe Gregor Clark, gerente de Proyectos del Portal de Energía de América Latina de GEM.
Pero hay otra ventaja que tiene la región: esconde varios minerales que se necesitan para generar las energías renovables. Vega tiene en mente algunas cifras para ejemplificarlo. “México, Chile y Perú producen el 40% del cobre, mientras que Chile genera el 25% de litio, seguido de Argentina (6%) y Brasil (1,5%)”. Sobre el níquel, asegura, un cuarto de las reservas está en América Latina y el Caribe. De hecho, el informe de la AIE también dice que, en la última década, a Latinoamérica y el Caribe han ingresado más de 75.000 millones de dólares al año por la exportación de minerales críticos como los mencionados anteriormente. Solo el cobre representa el 70% de estas exportaciones.
“Es importante conectar la industria de las energías renovables con la de minerales críticos, pues no están exentas de corrupción. Se necesitan altos estándares ambientales y sociales que no se pueden pasar por alto en el afán de que la transición energética sea más rápida”, añade Vega.
Aquí es cuando el panorama se vuelve más complejo para América Latina. Grandes proyectos de energía solar y eólica en la región han traído conflictos por falta de participación con las comunidades. Por ejemplo, en La Guajira, en Colombia, donde está proyectado que se realicen 31 proyectos eólicos que, juntos, suman 5 gigavatios, se han elevado denuncias por desplazamientos de las comunidades indígenas wayuu, falta de participación y poca distribución de beneficios para las comunidades que ponen su territorio.
Como señalan Rosa Lehhmann y Anne Tittor en un artículo que publicaron en la revista científica Journal of Environmental Policy & Planning tras estudiar casos en México, Honduras y Argentina, en Latinoamérica los grupos sociales están enfrentando una situación de triple inequidad por la política de descarbonización: “Se ven afectados negativamente por el cambio climático aunque desde una perspectiva global e histórica no han contribuido mucho a él y, ahora se enfrentan a injusticias relacionadas con la mitigación del cambio climático”.
La deuda: plata para adaptarse
En las negociaciones climáticas hay un tema al que le suelen caer menos reflectores: la adaptación. Desde que se firmó el Acuerdo de París, en el año 2015, quedó en letra que “el objetivo mundial relativo a la adaptación” implicaba “aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático”. ¿El problema? El documento no daba señales de cómo medirlo ni especificaba qué significaban esas palabras. Y sin saber qué medir y cómo medirlo, se hace más difícil saber si la adaptación se está cumpliendo.
“Como conocíamos que necesitábamos una guía de cómo avanza la adaptación, qué tan efectivos somos, en la COP26 [que se realizó en Glasgow en 2021] se lanzó un programa de trabajo que debía durar dos años y en 2022, en Egipto, se decidió crear un marco de la meta global de adaptación”, cuenta Maritza Florián, especialista en cambio climático y biodiversidad de WWF Colombia. En otras palabras, eso implicaba que el marco de la meta de adaptación se debía adoptar en esta COP28 en Dubái, lo que efectivamente paso.
“Que el marco se adoptara, de por sí, es un logro”, comenta la experta, aunque quedaron cosas grises, otras claras y un pendiente enorme en el proceso. Hay dos cosas por destacar. Una, es que se crearon temáticas de adaptación –el agua, los sistemas alimentarios, la salud, los ecosistemas, la infraestructura y el patrimonio cultural -, que servirán como guía para que los países los incluyan a la hora de construir sus próximos compromisos climáticos, que deben ser actualizados a 2025. Lo segundo, también, es que se señaló que, para 2030, los países deben presentar cuáles son sus políticas o instrumentos para evaluar los impactos que tienen ante el cambio climático, así como planear cómo enfrentarlos, implementarlos y monitorear que estos, efectivamente, estén funcionando. “En América Latina, por ejemplo, muchos de los países avanzan en evaluaciones y planificación. Sin embargo, casi ningún país tiene un plan de monitoreo en adaptación”, agrega la experta. “Entonces, en ese sentido el marco fue bueno porque les dio a los países siete años, hasta 2030, para que pongan la casa en orden”.
Lo pendiente, explica, es que el marco de adaptación no presentó indicadores para su medición. “Sin embargo, se creó otro programa de trabajo para que, en la COP30, que se hará en 2025 en Brasil, se establezcan estos indicadores”. Lo malo o lo fatal, es que no quedó ninguna obligación explicita, ni lenguaje fuerte sobre cómo se va a financiar la adaptación. “El texto contiene objetivos vagos y el vínculo establecido entre la nueva meta cuantificable de financiamiento y la adaptación es débil”, coincide Victoria Laguzzi, asistente de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina. “El marco necesitaba medios de implementación que indicaran quién y cómo se financia el avance, ya que esa estructura podría ayudar a países en desarrollo, como los latinos, a mejorar sus planes nacionales de adaptación de manera acorde a sus necesidades y prioridades, y con acceso a financiamiento para implementar esas políticas”.
No se trata de una petición menor. El último informe sobre la Brecha de Adaptación presentado por Naciones Unidas indica que el financiamiento que se requiere para la adaptación es de 387.000 millones de dólares anuales a 2030, cuando lo que se está recibiendo actualmente apenas llega a los 20.000 millones de dólares. “Como resultado de las crecientes necesidades de financiación de la adaptación y de los vacilantes flujos, el actual déficit de financiación de la adaptación se estima actualmente entre 194.000 y 366.000 millones de dólares anuales”, asegura el reporte.
Otra forma de verlo es como lo pone Florián. “Los casi 700 millones de dólares que fueron anunciados para el fondo de pérdidas y daños durante la COP28 – y que igual son insuficientes para ese tema – son casi lo mismo que se ha logrado movilizar para la adaptación en ocho años”. No en vano, el borrador del texto sobre el marco de la meta global de adaptación fue el último en hacerse público.
Lo que viene: protagonizar el cambio climático y la biodiversidad
Sí, durante la COP28 todo el mundo estaba pendiente sobre qué iba a decir la decisión final sobre los combustibles fósiles. Pero hubo también otras victorias. El texto destaca “la importancia de proteger, conservar y restaurar la naturaleza y los ecosistemas”, lo que incluye “intensificar esfuerzos para detener y revertir la deforestación para 2030″. Se trata de temas que tocan a América Latina y mucho, ya que después del sector energético – que representa el 46% de sus emisiones– la agricultura (con 23%), y el cambio y uso del suelo (con 19%), son las actividades que más contribuyen al cambio climático en la región.
“El texto también hace una mención a cómo se deben unir la agenda climática con la de biodiversidad”, aseguró Rojas, ya que incluso se refiere al marco mundial Kumming-Montreal de la diversidad biológica, un tratado acordado durante la COP15 de biodiversidad, desarrollada en 2020, que tiene como uno de sus objetivos que, para 2030, se proteja el 30% de la tierra y el océano bajo alguna figura. Esto es importante para la región porque, precisamente, durante los próximos años América Latina estará en el centro de las negociaciones ambientales. El próximo año Colombia será sede de la COP16 de biodiversidad, y para 2025 la COP30 de cambio climático se trasladará a Brasil.
“Esa petición, la de relacionar el cambio climático con la biodiversidad, es una agenda muy latina”, agrega Florián. Por lo que es muy probable que, por lo menos en los próximos dos años, la región esté bajo la lupa internacional.
Con información de El País.
